La mediocridad en España

España no carece de talento, recursos ni instituciones. Su problema es más incómodo: demasiadas veces hemos aprendido a considerar aceptable aquello que simplemente funciona a medias. La mediocridad comienza cuando dejamos de exigir excelencia a los demás y, sobre todo, a nosotros mismos.

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Hay palabras que, de tanto pronunciarlas, terminan perdiendo su significado. «Mediocridad» es una de ellas. Se utiliza como insulto, como desahogo o como arma arrojadiza, cuando en realidad describe algo bastante más interesante y también más peligroso: la aceptación de un estándar inferior al que razonablemente podría alcanzarse. Y es precisamente en este sentido en el que creo que España padece un problema de mediocridad. No porque falten personas extraordinarias —las hay en la empresa, en la universidad, en la medicina, en las Fuerzas Armadas, en la ingeniería, en las artes y en prácticamente cualquier profesión—, sino porque hemos desarrollado una preocupante capacidad colectiva para acostumbrarnos a que demasiadas cosas funcionen peor de lo que deberían.

La mediocridad no consiste necesariamente en fracasar. A veces consiste simplemente en dejar de intentar hacerlo mejor. Consiste en que un retraso deje de parecernos excepcional; en que una administración tarde meses y lo asumamos con resignación; en que un alumno aprenda menos y rebajemos el nivel antes que preguntarnos qué está fallando; en que una institución cometa errores y la discusión pública se concentre antes en averiguar quién puede obtener ventaja política de ellos que en corregir sus causas; en que el trabajador diligente descubra que su esfuerzo apenas encuentra recompensa y el negligente compruebe que rara vez existen consecuencias. Es, en definitiva, convertir el «ya está bien así» en una filosofía nacional.

Cuando uno es joven y conserva esa ingenua ambición de conquistar el mundo, nadie le prepara para esto. Se le habla de esfuerzo, de formación, de mérito, de responsabilidad; se le dice que debe aspirar a ser mejor, trabajar más y construir algo valioso. Después llega la edad adulta y descubre una realidad bastante menos romántica: organizaciones en las que destacar puede ser más incómodo que pasar inadvertido, procedimientos cuyo absurdo nadie se atreve a cuestionar porque «siempre se ha hecho así», estructuras donde la responsabilidad se diluye hasta desaparecer y una política en la que el ciudadano puede pasar años observando cómo las grandes promesas terminan reducidas a una administración razonablemente ordenada de los mismos problemas.

El problema no es el español, sino lo que hemos aprendido a tolerar

Sería demasiado sencillo atribuir todo esto a un supuesto defecto congénito del carácter nacional. No creo que el español esté condenado por naturaleza a la indolencia ni que exista una predisposición genética hacia el mínimo esfuerzo. Esa clase de explicaciones sirven para la sobremesa, pero explican poco. Las sociedades responden a incentivos, a instituciones y a expectativas culturales. Cuando el esfuerzo tiene recompensa, la responsabilidad tiene consecuencias y la excelencia proporciona prestigio, aparecen comportamientos distintos de aquellos que surgen cuando el sistema trata de manera prácticamente idéntica al excelente, al correcto y al negligente.

Sí existe, sin embargo, una actitud que merece nuestra crítica: la extraordinaria facilidad con la que exigimos excelencia a los demás mientras negociamos constantemente la nuestra. Nos indigna la incompetencia del jefe, aunque no siempre estamos dispuestos a asumir la responsabilidad que implica dirigir; criticamos al empresario, pero pocas veces ponderamos el riesgo que supone crear una empresa; denunciamos al funcionario que atiende mal, pero justificamos nuestras propias faltas profesionales; exigimos administraciones eficientes mientras defendemos cualquier privilegio particular que nos beneficie; despreciamos a la clase política y, al mismo tiempo, premiamos con nuestra atención el espectáculo que convierte la política en una competición permanente de consignas.

La mediocridad, por tanto, no puede ser únicamente culpa de quienes gobiernan. Resultaría demasiado cómodo. Las instituciones terminan reflejando, aunque sea imperfectamente, aquello que una sociedad tolera, recompensa y castiga.

Cuando el fallo deja de ser una anomalía

Hay momentos en los que la resignación deja de ser una costumbre desagradable y se convierte en algo moralmente insoportable. El ferrocarril español ha alcanzado uno de esos momentos. En menos de un año, los accidentes de Adamuz y Urda han dejado 115 muertos. A fecha de hoy siguen abiertas las investigaciones y sería irresponsable afirmar aquello que todavía no ha sido demostrado acerca de sus causas. Pero sería igualmente irresponsable utilizar la ausencia de conclusiones definitivas como pretexto para no formular las preguntas que cualquier ciudadano tiene derecho a formular. Una cosa es no inventar culpables y otra muy distinta aceptar que una tragedia clausure el debate precisamente cuando debería abrirlo.

Porque el malestar no nace exclusivamente de dos accidentes. Nace de algo anterior y más cotidiano: de habernos acostumbrado al retraso, a la incidencia, al tren detenido, al transbordo imprevisto, a la obra que parece no terminar nunca y al mensaje por megafonía que comunica una nueva alteración del servicio como si se anunciara un fenómeno meteorológico contra el que nadie pudiera hacer nada. Cada problema aislado tiene seguramente una explicación técnica perfectamente razonable; lo inquietante aparece cuando la acumulación de explicaciones termina sustituyendo a la obligación de prestar correctamente el servicio.

El ciudadano no tiene por qué conocer la arquitectura de Adif, las competencias exactas de Renfe, las obligaciones del Ministerio, los contratos de mantenimiento ni la distribución interna de responsabilidades entre organismos. Para eso existen precisamente esos organismos. El ciudadano paga impuestos, compra un billete y tiene derecho a exigir que la infraestructura sea segura, que el tren funcione y que, cuando algo falle, exista alguien capaz de explicar por qué y asumir la responsabilidad correspondiente. La complejidad administrativa puede explicar un problema; nunca debería servir para disolver la responsabilidad hasta hacerla desaparecer.

Existe además una perniciosa tendencia española a considerar la crítica a un servicio público como una crítica a su propia existencia. Es exactamente al contrario. Si hemos decidido que determinadas funciones deben ser asumidas por el Estado y financiadas mediante recursos obtenidos de los ciudadanos, la exigencia debería ser superior, no inferior. No existe mérito alguno en prestar un servicio simplemente porque sea público. Su legitimidad depende de que funcione. Y cuanto menor sea la capacidad del ciudadano para sustraerse de aquello que financia, mayor debe ser la responsabilidad de quien lo administra.

Por eso resulta irritante escuchar continuamente argumentos construidos alrededor de cuánto se ha invertido, cuántas obras están en marcha o cuántos kilómetros de red poseemos. Todo eso puede ser relevante para un balance presupuestario, pero al viajero le importa algo mucho más elemental: que su tren llegue, que la vía sea segura y que el sistema responda cuando falla. La Administración tiende a medir su virtud por los recursos que moviliza; el ciudadano debería medirla por los resultados que obtiene.

Después de Adamuz y Urda habrá investigaciones, informes, comparecencias y explicaciones técnicas. Debe haberlas. Pero lo verdaderamente importante será comprobar si existe una voluntad real de encontrar fallos, corregir procedimientos y exigir responsabilidades, incluso cuando resulte políticamente incómodo hacerlo. Un país mediocre convierte una tragedia en varios días de indignación y después regresa a la rutina. Un país serio conserva la incomodidad hasta que obtiene respuestas.

No deberíamos conformarnos con menos.

Una educación que ha confundido igualdad con rebaja de la exigencia

Si existe un ámbito donde la mediocridad resulta particularmente peligrosa es la educación, porque sus consecuencias no terminan cuando suena el timbre: se trasladan durante décadas a las empresas, a las administraciones, a las universidades, a la política y, en último término, al carácter de una sociedad.

España no tiene una educación incapaz de producir alumnos brillantes. Los produce. Tampoco carece de excelentes profesores. Los tiene. Precisamente por eso resulta desesperante contemplar un sistema que parece demasiado satisfecho con administrar la medianía. Los últimos resultados de PISA sitúan a España por debajo de la media de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias y entre los registros más bajos obtenidos por nuestro país. No hace falta inundar al lector de porcentajes para comprender el problema. Basta preguntarse si semejante resultado nos parece aceptable. A mí no.

Durante años hemos ido introduciendo en la educación una sospecha casi moral hacia la exigencia. Suspender parece traumático; repetir, intolerable; memorizar, anticuado; mandar deberes, discutible; mantener la disciplina, autoritario; señalar que un alumno no ha alcanzado los conocimientos necesarios, poco inclusivo. El resultado de este razonamiento es perverso: para proteger al alumno del fracaso inmediato corremos el riesgo de entregarlo, años después, a un mundo que no tendrá ninguna obligación de protegerlo de sus carencias.

La igualdad de oportunidades es una de las aspiraciones más nobles de cualquier sistema educativo. Pero igualdad de oportunidades no significa igualdad artificial de resultados. Significa que el niño que tiene dificultades debe recibir ayuda para alcanzar el nivel, no que el nivel deba descender hasta alcanzarlo a él. Significa profesores de apoyo, refuerzo, disciplina, dedicación familiar y todos los recursos que sean razonables. Y significa también aceptar algo que parece haberse convertido en anatema: que no todos los alumnos avanzan al mismo ritmo y que, en determinadas circunstancias, repetir un curso puede ser mucho menos cruel que permitir a un adolescente avanzar durante años acumulando conocimientos que nunca llegó a adquirir.

También hemos deteriorado la autoridad del profesor. No hablo de regresar a una escuela de obediencia ciega ni de conceder al docente una autoridad incontestable. Hablo de algo bastante más elemental: quien entra en un aula para enseñar debe tener capacidad real para mantener el orden, evaluar conforme a criterios académicos y ejercer su profesión sin que cada suspenso pueda convertirse en una negociación entre familias, dirección y alumno. Escuchar a los padres es necesario; convertirlos en clientes con derecho a discutir cualquier criterio académico es la mejor manera de destruir la autoridad de quien debe enseñar.

Y la exigencia debe extenderse también al profesorado. Defender a los buenos docentes no obliga a fingir que todos lo son. Un sistema que protege al trabajador excelente y al negligente con prácticamente la misma intensidad termina perjudicando sobre todo al primero. La estabilidad laboral puede constituir una garantía frente a arbitrariedades, pero no debería convertirse jamás en inmunidad frente al mal desempeño. Si exigimos esfuerzo al alumno, resulta absurdo considerar ofensivo exigir también competencia, actualización y resultados razonables a quien recibe la responsabilidad de formarlo.

Hay, además, una cuestión que me resulta particularmente incómoda. Durante mi propia formación he visto símbolos políticos en centros educativos y he asistido a actividades en las que cuestiones sociales y económicas eran expuestas desde una perspectiva que me parecía más encaminada a orientar ideológicamente al alumno que a enseñarle a razonar. Mi experiencia personal no permite describir todo el sistema educativo español y no pretendo hacerlo. Pero sí permite defender un principio que debería resultar evidente: ningún centro público tiene derecho a apropiarse intelectualmente de sus alumnos.

En una escuela debe estudiarse el feminismo, como debe estudiarse el liberalismo, el socialismo, el conservadurismo o cualquier corriente que haya influido en nuestra historia. Debe enseñarse la evidencia científica sobre el cambio climático y después distinguirla cuidadosamente de las diferentes políticas que pueden proponerse para afrontarlo. Debe estudiarse el capitalismo, sus logros, sus crisis y sus críticos. Lo que no corresponde a un profesor es decidir de antemano cuál debe ser la conclusión moral o política a la que llegue el alumno. Educar consiste en proporcionar conocimiento suficiente para que un joven pueda disentir inteligentemente incluso de quien le está enseñando.

Quizá el problema de fondo sea que hemos querido hacer la escuela más amable y, en ese intento, corremos el riesgo de hacerla menos útil. Hay contenidos difíciles, aburridos y exigentes que deben aprenderse precisamente porque educarse no consiste en estar permanentemente entretenido. Las matemáticas requieren práctica. La literatura requiere lectura. La historia exige conocer hechos antes de pontificar sobre ellos. La filosofía obliga a enfrentarse a textos que no siempre se comprenden a la primera. La disciplina intelectual no es una reliquia autoritaria; es una condición de la libertad.

La educación debería preparar al individuo para no depender intelectualmente de nadie. De sus padres, de sus profesores, del Gobierno, de un partido político ni de la opinión dominante. Un ciudadano verdaderamente educado es aquel al que se han proporcionado tantas herramientas que puede pensar por sí mismo.

Todo lo demás será pedagogía. Pero no necesariamente educación.

Sanidad: pagar no basta; hay que recibir

Pocas instituciones disfrutan en España de una protección retórica comparable a la sanidad pública. Basta formular una crítica para que demasiadas veces la conversación se desvíe inmediatamente hacia una supuesta defensa o ataque del «modelo». Es una discusión estéril. A quien espera una consulta, una prueba o una intervención no le preocupa el prestigio ideológico del sistema. Le preocupa que le atiendan.

La sanidad pública española contiene magníficos profesionales y salva vidas todos los días. Ambas cosas son ciertas. También es cierto que millones de ciudadanos esperan una primera consulta especializada y que determinadas intervenciones acumulan demoras de meses. Podemos envolver esta realidad en toda la terminología administrativa que queramos; para quien padece dolor, teme un diagnóstico o ve deteriorarse su calidad de vida, una lista de espera no es un indicador de gestión. Es tiempo de su vida.

Hay algo particularmente irritante en que el ciudadano deba mostrarse agradecido por recibir servicios que él mismo financia. La sanidad pública no es una obra de caridad dispensada generosamente por la Administración. Se sostiene con recursos obtenidos de la sociedad y, por tanto, debe responder ante ella. El contribuyente no debería sentirse un invitado cuando entra en un hospital público; es uno de quienes lo pagan.

Que una parte considerable de la población decida contratar además un seguro privado tampoco debería despacharse con superioridad ideológica. Algunas personas lo hacen por comodidad y otras porque quieren reducir tiempos de espera, elegir especialista o disponer de alternativas. En cualquier caso, cada decisión contiene información. Si alguien está dispuesto a pagar dos veces —primero mediante impuestos y después mediante una póliza— para acceder con mayor rapidez a determinados servicios, lo sensato sería preguntarse por qué, no reprochárselo.

La sanidad existe para el paciente, no el paciente para justificar un determinado diseño administrativo. Si una colaboración con el sector privado reduce una espera, debe estudiarse. Si la competencia entre proveedores mejora el servicio, debe aprovecharse. Si una estructura pública funciona mejor, debe conservarse. El criterio no debería ser quién presta la asistencia, sino quién consigue prestarla mejor, con garantías, a un coste razonable y en el momento en que se necesita. Convertir al proveedor en una cuestión de fe termina anteponiendo la institución al enfermo.

Y aquí vuelve a aparecer la mediocridad: nos acostumbramos. Nos parece normal pedir una cita y recibirla meses después; normal encadenar consultas antes de llegar al especialista adecuado; normal escuchar que «las listas están como están». No, no debería ser normal. Puede ser explicable. Puede haber escasez de especialistas, envejecimiento, problemas organizativos, diferencias territoriales o incrementos de demanda. Todo eso merece análisis. Pero comprender las causas no obliga a aceptar el resultado.

Una sociedad que dedica una parte enorme de sus recursos al Estado tiene derecho a exigir que aquello que este considera esencial funcione con una eficacia acorde con semejante responsabilidad. De lo contrario, terminamos atrapados en una extraña inversión moral: el ciudadano debe justificar por qué exige más, mientras la institución apenas tiene que justificar por qué ofrece menos.

Seguridad y defensa: donde la austeridad institucional deja de ser una virtud

Hay una discusión legítima acerca de cuánto debe hacer el Estado. Sobre su tamaño, sus competencias y sus límites pueden discrepar personas razonables durante siglos. Pero existe una cuestión bastante menos discutible: cuanto más se reserva una institución para sí una determinada función, mayor es su obligación de desempeñarla correctamente.

La defensa nacional y la seguridad pública pertenecen al núcleo más elemental de esas responsabilidades. Un Estado puede decidir intervenir en centenares de ámbitos de la vida económica y social, pero resulta difícil tomarse en serio toda esa expansión si después muestra carencias precisamente allí donde el individuo apenas dispone de alternativas propias. Podemos escoger una clínica, un colegio, una compañía aérea o un proveedor de telefonía. No podemos contratar individualmente la defensa territorial del país ni sustituir a la Policía cuando necesitamos que se preserve el orden público.

Por eso resulta particularmente difícil aceptar que quienes asumen esas funciones tengan que trabajar alguna vez con equipos envejecidos, limitaciones de material o una preparación condicionada por restricciones presupuestarias. El propio Gobierno reconoció la necesidad de una modernización extraordinaria de la Defensa y puso en marcha en 2025 un plan que incluía expresamente mejorar equipamientos, preparación, entrenamiento y capacidades tecnológicas. La inversión podrá discutirse en sus cantidades y prioridades; lo que resulta menos discutible es la importancia de haber llegado a necesitarla.

España posee una industria militar capaz de participar en algunos de los proyectos tecnológicos más sofisticados de Europa. Tiene ingenieros, empresas, soldados y mandos altamente preparados. Precisamente por eso cuesta comprender que alguna carencia material pueda terminar condicionando el entrenamiento de quienes, llegado el caso, tendrán que actuar en situaciones en las que no existen segundas oportunidades. Un simulador puede ser una extraordinaria herramienta de formación; lo que no puede convertirse es en sustituto permanente de aquello que un soldado necesita practicar realmente.

Con la Policía y la Guardia Civil ocurre algo semejante. No tiene sentido convertir cualquier denuncia sobre material, vehículos o plantillas concretas en una afirmación grandilocuente sobre el hundimiento general de las Fuerzas de Seguridad. Pero tampoco debemos caer en el extremo contrario y normalizar que un agente tenga que realizar su trabajo con medios inferiores a los que razonablemente necesita. Quien exige a un policía o a un guardia civil que se enfrente a situaciones que el resto de ciudadanos intentamos evitar tiene una obligación correlativa: proporcionarle preparación, respaldo jurídico y material adecuado.

Hay algo profundamente revelador en un Estado capaz de encontrar nuevas funciones para sí mismo mientras algunas de sus responsabilidades más antiguas siguen reclamando atención. Antes de preguntarse qué nueva parcela de la sociedad debe administrar, quizá convendría comprobar con qué excelencia administra aquellas que ya considera irrenunciablemente suyas.

No se trata de gastar por gastar. Esa es otra forma de mediocridad. Un presupuesto mayor no garantiza un ejército mejor, una policía mejor ni una administración mejor. Se trata de exigir que cada euro tenga una finalidad, que cada adquisición responda a una necesidad, que cada estructura pueda justificar su existencia y que el dinero que el ciudadano entrega obligatoriamente no desaparezca en una maquinaria institucional incapaz de explicar qué obtiene a cambio.

El problema no es que el Estado disponga de pocos recursos. El problema aparece cuando, disponiendo de una capacidad extraordinaria para recaudarlos, el ciudadano continúa encontrando carencias precisamente en aquello que se le presenta como esencial.

La política como culminación de la mediocridad

Y finalmente llegamos a la política, donde todos estos vicios encuentran una representación particularmente visible porque es allí donde se administran buena parte de las instituciones anteriores.

El problema no consiste en que un político haya desarrollado toda su carrera dentro de un partido. La política es una profesión legítima y necesita experiencia. El problema comienza cuando la pertenencia, la obediencia interna o la capacidad de sobrevivir dentro de una organización pesan más que la competencia para administrar aquello que se recibe. Una democracia madura necesita políticos profesionales; lo que no puede permitirse son profesionales exclusivamente de la política.

Max Weber formuló hace más de un siglo una distinción que continúa siendo pertinente: en política no basta la ética de las convicciones; existe también una ética de la responsabilidad. Las buenas intenciones no absuelven de las malas consecuencias. Un gobernante no debe ser juzgado exclusivamente por aquello que afirma perseguir, sino por los resultados que producen sus decisiones, por su prudencia en el manejo de los recursos públicos y por su capacidad de asumir responsabilidades cuando se equivoca.

Nuestro debate político ha invertido demasiadas veces ese principio. Cada bloque juzga las intenciones propias y los resultados ajenos. El fracaso del adversario demuestra incompetencia; el propio encuentra siempre una circunstancia extraordinaria que lo justifica. Así, la responsabilidad desaparece y queda sustituida por el relato.

Ese fenómeno es extraordinariamente corrosivo porque termina descendiendo por toda la administración. Si nadie dimite, si ninguna equivocación tiene coste, si cada problema puede atribuirse al gobierno anterior, a una administración distinta, a una empresa, a Bruselas, al mercado o a cualquier otro responsable disponible, el incentivo institucional resulta evidente: protegerse importa más que corregirse.

No necesitamos administraciones perfectas. No existen. Tampoco necesitamos un Estado que pretenda resolver cada dimensión de la existencia humana. Necesitamos algo mucho más modesto y, precisamente por eso, más difícil: que aquello que el Estado decide asumir lo haga bien. Que un tren llegue cuando debe llegar. Que una vía sea segura. Que un hospital atienda en un plazo razonable. Que una escuela enseñe. Que un policía disponga de medios. Que un soldado pueda entrenarse. Que un funcionario resuelva. Que un ministro responda.

No debería parecernos revolucionario.

La excelencia empieza antes que el Estado

Existe, sin embargo, una última tentación que debemos evitar: terminar este diagnóstico señalando exclusivamente hacia arriba. Sería demasiado fácil concluir que la culpa pertenece a «los políticos», «los funcionarios», «los profesores», «los empresarios» o cualquier otra categoría suficientemente amplia como para que nosotros podamos quedar cómodamente fuera de ella.

La mediocridad también se construye desde abajo. Cada vez que hacemos mal nuestro trabajo porque nadie nos vigila; cada vez que llegamos tarde y suponemos que los demás deben tolerarlo; cada vez que buscamos una recomendación antes que demostrar mérito; cada vez que defendemos una norma absurda porque nos beneficia; cada vez que justificamos en los nuestros aquello que condenamos en los otros; cada vez que confundimos tener derechos con carecer de obligaciones, contribuimos a la misma cultura que después denunciamos cuando aparece en una administración pública.

España no necesita una generación de héroes. Necesita algo más sencillo: una generación de adultos que considere indecoroso hacer deliberadamente mal aquello que podría hacer bien.

Tenemos científicos, médicos, ingenieros, empresarios, profesores, militares, escritores, funcionarios y trabajadores capaces de competir con los mejores del mundo. Por eso la mediocridad española resulta especialmente frustrante: no procede de nuestra incapacidad, sino de nuestra tolerancia. El problema no es que España esté condenada a funcionar mal. El problema es que demasiadas veces hemos aprendido a convivir con aquello que funciona a medias.

Y esa costumbre puede romperse.

Pero exige abandonar una idea profundamente cómoda: que la excelencia debe exigirse siempre al otro.

A los políticos debemos exigirles competencia, responsabilidad y prudencia en la administración de unos recursos que pertenecen a los ciudadanos. A nuestras instituciones debemos exigirles resultados. A las escuelas, conocimiento; a los hospitales, atención; a las infraestructuras, seguridad; a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, preparación y medios. Pero ninguna sociedad puede exigir permanentemente excelencia a sus instituciones mientras sus ciudadanos se conceden a sí mismos el derecho a la mediocridad.

Quizá esa sea la verdadera batalla española de nuestro tiempo.

No convertirnos en un país perfecto.

Simplemente dejar de considerar suficiente aquello que sabemos que podríamos hacer mucho mejor.